Una multitudinaria marcha universitaria recorrió este martes las calles de Buenos Aires y diversas ciudades del país para reclamar mayor financiamiento para las universidades nacionales. Sin embargo, el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, no modificó su posición y reiteró que espera la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Postura oficial: auditorías, eficiencia y “cajas sin control”
Fuentes de la Casa Rosada y funcionarios del oficialismo enfatizaron que la movilización no altera el rumbo del Ejecutivo. El Gobierno niega un ataque directo al sistema universitario y vincula gran parte de los reclamos a sectores de la oposición política.
“La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí”, fue uno de los mensajes compartidos por el propio Presidente Milei en redes sociales. Funcionarios como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, describieron la marcha como “un acto opositor” donde “una causa noble se esconde atrás de la política”, mencionando corporaciones políticas (asociadas al radicalismo) y sindicales (vinculadas al peronismo).
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se insiste en la necesidad de auditorías profundas, criterios de regularidad, cobro a estudiantes extranjeros y mayor eficiencia en el uso de los recursos. “Amparándose en la autarquía solo les importa la plata”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que lanzaron un Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales para transparentar alumnos regulares, tasas de egreso, presupuestos y costo por graduado.
El rol clave de la Corte Suprema
El nudo central del conflicto radica en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que el Gobierno no ha aplicado. El Ejecutivo argumenta que la norma no especifica el origen de los fondos adicionales.
La Casa Rosada espera el fallo de la Corte Suprema sobre el Recurso Extraordinario Federal presentado. Fuentes oficiales indicaron: “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”. Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el sistema universitario solicitaron al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.
Contexto de recortes y reclamos del sector universitario
El documento final de la marcha denunció una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales entre 2023 y 2026, con salarios docentes en sus niveles más bajos de los últimos 23 años. Los manifestantes acusaron al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica”.
En las últimas horas, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, incluyendo ajustes en programas educativos. Desde Economía, liderado por Luis Caputo, aclararon que estas medidas buscan “garantizar la eficiencia del Estado” sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica.
Tensiones y cruces políticos
La jornada generó fuertes cruces. La ministra Pettovello cuestionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por su distribución de fondos para hospitales universitarios y la falta de arancelamiento a estudiantes extranjeros. Por su parte, referentes universitarios como el vicerrector Emiliano Yacobitti acusaron al Gobierno de “mentir sin vergüenza” y reducir drásticamente el presupuesto.
La marcha contó con presencia de dirigentes opositores, gremios y la comunidad educativa, consolidándose como la cuarta movilización federal de este tipo durante la actual gestión.
¿Qué sigue en el conflicto universitario?
El desenlace dependerá en gran medida de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el Gobierno prioriza auditorías, transparencia y eficiencia presupuestaria, el sector universitario exige el cumplimiento inmediato de la ley aprobada por el Congreso para revertir lo que considera una situación crítica para el sistema público de educación superior.
Fuente: Cadena 3
